OBJETO DE ESTUDIO Y DISCIPLINA DE LA POLÍTICA CRIMINAL, ASÍ COMO FINALIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA POLÍTICA CRIMINAL.

 OBJETO DE ESTUDIO Y DISCIPLINA DE LA POLÍTICA CRIMINAL, ASÍ COMO FINALIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA POLÍTICA CRIMINAL.

Entrarse en el tema de la política criminal en Costa Rica u otros países es como meterse en camisa de once varas: es un asunto denso que combina seguridad, derechos humanos y las estrategias del gobierno para hacerle frente al crimen. No es solo cuestión de meter a los delincuentes tras las rejas, sino de entender qué los lleva a delinquir y cómo se puede realmente frenar la violencia sin pisotear los principios básicos del Estado de derecho.

El país se ha topado con problemas serios en los últimos años. el narcotráfico se ha disparado, la violencia está que arde y el sistema de justicia muchas veces deja a las víctimas en el aire. Mientras algunos claman por mano dura, siguiendo modelos como el de El Salvador, otros advierten que esas medidas pueden volverse un arma de doble filo y terminar violando derechos fundamentales. Así la política criminal camina por la cuerda floja entre la necesidad de orden y la obligación de garantizar u

na justicia que funcione para todos.

La política criminal es esa rama del derecho que estudia cómo el Estado mete mano para prevenir y castigar el delito. Se basa en una mezcla de derecho penal, criminología y políticas públicas, y su foco está en el crimen y en cómo responde el sistema de justicia penal, desde las leyes hasta las instituciones encargadas de hacerlas cumplir.

Este tema ha estado marcado por un enfoque garantista, dándole prioridad a los derechos humanos. Pero con el auge del crimen organizado y la violencia juvenil, el panorama ha cambiado. Por ejemplo, el narcotráfico ha dejado de ser solo un problema de tránsito de drogas y ahora hay redes internas bien establecidas. Esto ha hecho que el gobierno endurezca las penas y refuerce las estrategias de represión.

La finalidad general de la política criminal es simple en teoría reducir el crimen y proteger a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, esto implica un juego de equilibrio entre la prevención y la represión, entre rehabilitar a los infractores y castigarlos de manera efectiva, este balance ha sido complicado de mantener, especialmente con el aumento de la violencia y el colapso del sistema penitenciario por el hacinamiento.

Un caso claro es el incremento de homicidios en el país. En 2023, Costa Rica registró 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra histórica. Gran parte de estos crímenes tienen que ver con la guerra entre bandas por el control del narco. La reacción del gobierno ha sido meter más policías en las calles y aumentar las penas, pero esto ha abierto la discusión sobre si realmente hay una estrategia bien pensada o si solo están apagando incendios sin solucionar el problema de raíz Si hablamos de política criminal, hay dos caminos claros mano dura o prevención. Y aquí es donde los países se dividen. Por un lado, tenemos a El Salvador con su mega cárcel y su estrategia de represión total contra las pandillas. Nayib Bukele se ha ganado aplausos y críticas, porque sí ha bajado la violencia, pero a costa de encerrar a miles sin un debido proceso. ¿Es ese el camino que deberían seguir todos los países. La pregunta está en el aire.

En países como Noruega, en cambio ahí las cosas son distintas. Las cárceles son más bien centros de rehabilitación, donde la idea es que los presos salgan mejor de lo que entraron. Y los números muestran que tienen una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. En América Latina, sin embargo, apostar por un sistema así parece un sueño lejano, porque la violencia está fuera de control y la gente quiere soluciones inmediatas.

En Costa Rica, el problema es que estamos en un limbo. No se define si vamos por la vía del castigo ejemplar o si realmente se está apostando por cambiar las condiciones que generan el crimen. Y mientras el gobierno se decide, la violencia sigue subiendo, las cárceles están explotando de hacinadas y el narcotráfico sigue engordando sus bolsillos. Urge una estrategia clara antes de que terminemos en un punto sin retorno.

Si hay un país que ha dado de qué hablar en política criminal en los últimos años, es El Salvador. Nayib Bukele se ha ido con todo contra las pandillas y ha construido una mega cárcel para encerrar a miles de delincuentes. Resultado: la violencia ha bajado drásticamente, pero el costo ha sido altísimo en derechos humanos. Miles de personas han sido arrestadas sin juicio justo, y muchos advierten que este tipo de represión extrema puede convertirse en una bomba de tiempo.

Ahora, ¿es este el modelo que debería seguir Costa Rica? La respuesta no es tan simple. Por un lado, nadie puede negar que la seguridad ha mejorado en El Salvador, pero tampoco podemos ignorar que muchas de estas medidas podrían ser insostenibles a largo plazo. Además cuando el Estado se acostumbra a operar con mano dura, es difícil que después vuelva a un sistema de justicia equilibrado. El riesgo de abusos y corrupción crece, y eso puede terminar generando más problemas que soluciones.

Otros países han tomado caminos distintos. En Portugal, por ejemplo, en lugar de llenar las cárceles, apostaron por descriminalizar el consumo de drogas y tratarlo como un problema de salud pública. ¿Resultado? Menos violencia y menos presos. En Alemania, el enfoque está en la rehabilitación en lugar del castigo, con programas que realmente buscan reinsertar a los delincuentes en la sociedad.

Costa Rica tiene que decidir qué camino seguir. Apostar por una versión tropicalizada del modelo salvadoreño puede traer paz momentánea, pero también podría costarle su reputación como un país respetuoso de los derechos humanos.

 

¿Se necesita más firmeza? Sí, pero sin caer en el autoritarismo.

Después de ver diferentes enfoques, queda claro que la política criminal no puede ser un simple tira y afloja entre represión y prevención. Si bien la seguridad es una necesidad urgente, no se puede caer en la trampa de creer que solo metiendo más gente a la cárcel se soluciona el problema. Eso es como tapar el sol con un dedo el crimen no desaparece, solo se esconde y se reorganiza.

El gran reto es construir un modelo que no solo reaccione al crimen, sino que lo prevenga desde la raíz. No se trata de inventar el agua tibia, sino de aplicar estrategias que han funcionado en otros países y adaptarlas a cada realidad. Invertir en educación, generar oportunidades de empleo para los jóvenes y fortalecer la justicia penal sin caer en el abuso de poder es el verdadero reto.

También hay que dejar de lado la hipocresía. No podemos pedir que la policía sea implacable contra el narco mientras los grandes empresarios y políticos cierran negocios en lo oscurito con dinero sucio. Si se quiere atacar el crimen, hay que hacerlo desde arriba y no solo castigar a los peces pequeños mientras los tiburones siguen nadando libres.

En resumen, la política criminal necesita un golpe de timón. Ni mano blanda que deje que todo se salga de control, ni un régimen de terror que termine violando derechos. Se necesita estrategia, visión de largo plazo y, sobre todo, voluntad política para enfrentar el problema con cabeza fría y sin populismos baratos.

Referencias bibliografícas.

• Universidad de Guadalajara. (s.f.). Política Criminal. Recuperado de https://cuci.udg.mx/sites/default/files/poltica_criminal.pdf

• Universidad Francisco Gavidia. (s.f.). Política Criminal. Recuperado de https://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7329/1/Pol%C3%ADtica%20Criminal.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=6qZsz4vtvzw&ab_channel=DWDocumental

https://youtu.be/1MM5e5rvSfs?si=-1He9ORHunmHtc6O